El fiscal general de Pensilvania presentó un informe que
revela el último escándalo de pederastia que involucra a la Iglesia católica.
300 sacerdotes abusaron de menores durante los últimos setenta años, la mayoría
adolescentes y preadolescentes. La investigación identificó a más de mil
víctimas. Denuncia el “encubrimiento sistemático por parte de altos
funcionarios de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano”. Una investigación
del Gobierno australiano concluyó en 2017 que el 7% de los sacerdotes católicos
había sido acusado de abusos a menores entre 1950 y 2010. La Conferencia de
Obispos Católicos de Australia se niega a obedecer las leyes que obligan a los
curas a denunciar a la Policía los abusos aunque se enteren en una confesión.
El secreto de confesión es un “elemento no negociable de nuestra vida religiosa
y encarna una comprensión del creyente y de Dios”.
-¿¡Qué!?
-¿¡Cómo!?
Algo va mal. ¿Aceptaríamos la
legalidad de una organización denunciada oficialmente porque sus directivos
hubieran cometido miles y miles de delitos de pederastia? ¿Y que sus máximos
responsables los encubrieran? ¿Y que su presidente se limitara a pedir perdón?
¿Le confiaríamos la educación o el cuidado de nuestros hijos e hijas?
¿Aprobaríamos las manifestaciones ostentosas y reiteradas de sus celebraciones
por nuestras calles? ¿Nos indignaría que el Estado colaborara con una
organización así? ¿De qué hablamos cuando hablamos de organización criminal? Encubriendo
delincuentes, los jerarcas católicos burlan la ley y lo hacen asociadamente. El
Estado laico ofrece un espacio común para todas las religiones y para creyentes
y no creyentes. Solo exige respetar las leyes civiles de la comunidad. El fundador
del cristianismo lo dejó dicho: dad a Dios lo que es de Dios (el pecado) y al
César lo que es del César (el delito). ¿O es que el clero católico no respeta
ni a Dios?
