El miércoles 30 de julio
entró en vigor en la Región de Murcia la ley 2/2025 de participación
institucional, que modifica la de 2017. Se suprimen las subvenciones a los
sindicatos y organizaciones empresariales. Es otro sapo ultra que se ha tragado
el Gobierno de Fernando López Miras (PP) para sacar los presupuestos de 2025
con la abstención (ojo, abstención, ni siquiera el voto afirmativo) de Vox.
La exposición de motivos es
una vergüenza legislativa por incoherente, contradictoria y tramposa, muy
apropiada, sí, para una ley cínica escrita por caraduras.
En la primera parte resume
lo que la Constitución reconoce a las organizaciones sindicales y empresariales,
“uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y democrático de derecho”,
y cita el artículo que “consagra su papel como organizaciones básicas para la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales”. No citarás la
Constitución en vano, salvo que seas un cínico.
Los apartados II y III se
convierten en dos charcos en los que saltan los sapos ultras. Se vuelca toda la
ideología de la extrema derecha. Se trasladan al boletín oficial de la Región
de Murcia los eslóganes que Vox repite constantemente, que muestran su
antisindicalismo y su falta de reconocimiento de las organizaciones que tienen
una representación reconocida en elecciones sindicales con todos los avales
legales y administrativos (la representación empresarial a través de la CEOE va
de otra manera, pero eso es otro tema). Es decir, contradice la Constitución
porque rechaza lo más básico, la representación democrática de las trabajadoras
y trabajadores. En palabras de Vox, que ahora son palabras del Gobierno regional
y del boletín oficial: “el monopolio sindical subvencionado que las distintas
Administraciones han promovido hasta ahora”. El único ejemplo de monopolio
sindical lo encontraremos en el Sindicato Vertical franquista. Tanto mencionar
la Constitución para acabar descalificándola como franquista, esa cosa que
tanto aprecio les merece a los ultras.
A las compensaciones por asistir -y contribuir-
a los órganos de representación institucional se les llama “prerrogativas”, es
decir, privilegios. No se discuten las de sus señorías parlamentarias ni las de
las consejeras o consejeros. Nos encontraremos, pues, con que en cualquiera de
esos órganos institucionales haya una parte con “prerrogativas” y otra parte
que acuda “a título gratuito”.
Con esta medida “se pretende contribuir a un
gran ahorro presupuestario”, que se destinará “a otras áreas prioritarias como
sanidad, educación o infraestructuras”. Teresa Fuentes, secretaria general de
CC OO Región de Murcia, lo cuantifica en un 0,014% del presupuesto. Lo que
repartido entre tres nos da un aumento en esas partidas de 0,0046%. Un suspiro
de alivio habrá recorrido los pasillos de hospitales y centros de salud, de
colegios, institutos y universidades. Y en lo que resta de 2025 el presidente
López Miras colocará muchas primeras piedras de otras tantas infraestructuras muy
necesarias para la región. Las segundas piedras ya si eso lo vamos viendo.
El sapo caradura de la
charca croa que con esta ley “se ahonda en una mayor transparencia y control
del dinero público, ya que obligaría a las organizaciones a financiarse con
recursos propios o mediante mecanismos más transparentes, reduciendo el riesgo
de uso indebido de fondos públicos”. Lo de financiarse con recursos propios
está muy bien, ¿pero nada más que sindicatos y patronal? ¿No vale para todas
las asociaciones a las que se subvenciona con dinero público? ¿No vale para los
partidos políticos? Y hablando de transparencia, Vox acaba de ser multado por
tercera vez por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. En total,
Vox suma ya más de un millón de euros en multas.
El sistema de representación
sindical en España se reconoce por las elecciones sindicales. Habrá que
repetirlo y repetirlo después de casi 50 años. Los delegados y delegadas
sindicales elegidos, empresa a empresa, representan a todos, no solo a quienes
estén afiliados. Por eso, los acuerdos que llegan con las patronales y las
administraciones públicas benefician al conjunto. En España no existen los acuerdos
de eficacia limitada, es decir, aquellos que solo afectan a la afiliación del
sindicato o sindicatos que los hayan firmado.
A pesar de ello, en las
charcas ultras de la exposición de motivos de esta ley se croa que “Para
ejercer una verdadera representación de los trabajadores es necesario que los
interlocutores sociales se financien a través de las cuotas de sus propios afiliados”.
Un dato más. Según el portal
de transparencia que se puede consultar en la página web del sindicato, CC OO
tiene 1.088.772 personas afiliadas (cualquier comparación con partidos
políticos o asociaciones diversas subvencionados sería odiosa). Se financia con
un 83,82 de ingresos propios (cuotas de la afiliación). Recibe un 5,19% de
subvenciones públicas y un 10,99% de programas finalistas.
Tanta palabrería
incoherente, contradictoria y tramposa para acabar resolviendo la ley, por
decirlo en el lenguaje abobado propio de los eslóganes que la inspiran, que se
les quitan las subvenciones a sindicatos y patronal. El TSJ de Castilla y León
ya falló contra una medida similar. Quizá López Miras tenga que tragarse otro
sapo, aunque esta vez no fuera ultra.
